San Luis Potosí, SLP. La difusión prematura de información relacionada con carpetas de investigación puede convertirse en un obstáculo para la procuración de justicia, advirtió la fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, al señalar que algunas personas involucradas en indagatorias aprovechan los datos que se hacen públicos para promover juicios de amparo antes de que las autoridades ejecuten acciones judiciales en su contra.
La funcionaria explicó que esta situación ha llevado a la Fiscalía General del Estado a ser más cautelosa al momento de informar sobre asuntos que aún se encuentran en proceso de integración.
“Por eso nosotros ya a veces preferimos no dar tanta, tanta información sobre carpetas que están integrando, porque ello implica que la persona se entere y que nos promueva un amparo”, declaró.
García Cázares precisó que, en los casos donde existe una orden de aprehensión, el amparo no impide que ésta sea emitida por el juez correspondiente, aunque sí puede suspender temporalmente su ejecución.
“La suspensión viene concedida para que no se ejecute la orden de aprehensión”, señaló al referirse a las resoluciones que comúnmente emiten los juzgados de distrito cuando una persona solicita la protección de la justicia federal.
La fiscal explicó que durante este periodo los imputados pueden permanecer en libertad mientras se resuelve de fondo el juicio constitucional, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establezca la autoridad judicial.
“Que otorgue una garantía y que se presente ante el juez de control, pero quedan en libertad entre tanto solamente se resuelve el amparo”, indicó.
Las declaraciones surgen en un contexto en el que los juicios de amparo continúan siendo una de las principales herramientas legales utilizadas por personas sujetas a investigaciones o procesos penales para frenar temporalmente la ejecución de órdenes judiciales.
No obstante, la titular de la Fiscalía aclaró que esta figura jurídica no debe interpretarse como un recurso ordinario dentro del sistema penal.
“No es propiamente un recurso, es un juicio constitucional”, puntualizó.
Con ello, la Fiscalía busca equilibrar la transparencia informativa con la necesidad de preservar el sigilo de determinadas investigaciones, particularmente en aquellos casos donde la revelación anticipada de datos podría comprometer el desarrollo de las acciones ministeriales o judiciales.