La abogada Raquel Charqueño señaló que el desabasto de medicamentos, la demora en cirugías y la falta de insumos han llevado a pacientes a recurrir a la vía judicial para exigir atención médica.
El desabasto de medicamentos, la falta de insumos y las demoras para recibir atención médica han llevado a cada vez más pacientes a recurrir al juicio de amparo como una vía para exigir a las autoridades garantizar su derecho a la salud, información que compartió la abogada Raquel Charqueño.
“Me parece terrible que tengamos que recurrir a un medio judicial, para que las autoridades brinden el servicio de salud y los medicamentos necesarios para cualquier persona en este país y en lo particular en San Luis Potosí; pero la realidad es que sí, nosotros incluso en la organización en la que colaboro hemos registrado desde el sexenio pasado que hay un desabasto de medicamentos a nivel nacional y que la única vía que han tenido las personas es el juicio de amparo indirecto”, explicó.
La especialista reconoció que, aunque en los últimos dos años se ha registrado una reducción en las solicitudes de amparo que acompaña la organización “Perteneces A.C”, con la que colabora, este recurso se ha convertido en una de las principales alternativas utilizadas por pacientes ante las omisiones de las instituciones públicas de salud.
La experta explicó que el juicio de amparo indirecto es un medio de control constitucional mediante el cual los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud, establecido tanto en la Constitución como en tratados internacionales.
“Nosotros hemos presentado más de 500, pero no directamente la organización, sino con redes de abogados y despachos en los que colaboramos a nivel nacional. Actualmente sí se han reducido, tengo que decirlo, los juicios de amparo a los que nos solicitan, en años pasados sí hubo un mayor número de amparos (…) no tenemos identificadas las razones si ya se haya incluso normalizado, ¿no? Incluso podría ser también una parte de ello o que las personas desconozcan a dónde recurrir, podría haber varios factores”, comentó.
Señaló que entre los casos atendidos se encuentran pacientes que han tenido que esperar periodos prolongados para ser sometidos a una cirugía, así como personas que enfrentan falta de medicamentos, aparatos o insumos médicos.
En estos casos, indicó, mediante el amparo se puede solicitar que las autoridades proporcionen directamente los servicios requeridos o, cuando no cuenten con los recursos necesarios, subroguen la atención en instituciones privadas.
Charqueño agregó que uno de los casos que han identificado con mayor claridad es el relacionado con los implantes cocleares para niñas y niños, luego de la desaparición del programa Siglo XXI, situación que, afirmó, también ha implicado deficiencias en la detección oportuna de problemas auditivos.
Contrastó que anteriormente se realizaban tamizajes auditivos y se facilitaba el acceso a implantes cocleares, mientras que actualmente han detectado casos en los que la sordera es identificada hasta que los menores deberían comenzar a hablar o comunicarse.
La abogada consideró que estas situaciones representan omisiones de las autoridades y señaló que el amparo se utiliza para buscar que los menores puedan acceder al tratamiento requerido.
También señaló que en años anteriores acompañaron un número importante de casos relacionados con cáncer de mama, aunque durante los últimos dos años los principales asuntos han estado vinculados con cirugías e insumos médicos.
Ante este panorama, llamó a los pacientes a reconocer que la salud es un derecho y no una dádiva del Estado, por lo que recomendó presentar quejas ante las instituciones correspondientes o buscar acompañamiento de organizaciones civiles cuando consideren que se ha vulnerado su derecho a una atención digna y oportuna.
En el caso de las personas que no cuenten con recursos para contratar asesoría jurídica, informó que pueden acudir a la Defensoría Pública Federal, donde pueden recibir acompañamiento gratuito en casos relacionados con posibles violaciones a sus derechos humanos.