En el marco de su informe de resultados, la magistrada presidenta enfatizó en el desahogo de 50 mil procesos penales y familiares, pero admitió la necesidad de abatir el rezago con más personal y firma electrónica.
La digitalización de expedientes, el uso de la firma electrónica y la formación de listas de reserva para cubrir plazas clave, son las principales áreas de oportunidad que enfrenta el Poder Judicial del Estado, admitió la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
En el marco de la presentación de su informe de resultados, la titular del STJE señaló que, si bien el trabajo institucional no se detiene, el combate al rezago acumulado requiere un esfuerzo integral enfocado tanto en la modernización tecnológica como en la profesionalización de todo el personal, desde capturistas hasta titulares de juzgados.
“Pues sobre todo poder terminar con estas partes de que tengamos reserva en secretarios de acuerdos, proyectistas, actuarios, subsecretarios. Creo que otra parte también importante es la digitalización y eso nos va a ayudar mucho, la parte de la firma electrónica y entonces sobre todo insisto esta presencia sí va muy enfocada a la capacitación, mucha capacitación”, comentó.
Para ello, confirmó que ya se encuentra abierta una segunda convocatoria de concurso público y en materia de carga de trabajo, la magistrada reportó un balance de más de 25 mil audiencias penales celebradas y más de 25 mil resoluciones emitida en materia familiar.
Consideró que esta acumulación de casos responde a dinámicas previas a la actualización de titulares y no a una consecuencia directa de la falta de autonomía financiera.
“No podríamos decir que sea por una cuestión de autonomía financiera, recordamos que llegamos, cambiamos de titulares, ya traíamos una cantidad de rezago, pero por ejemplo estamos hablando de más de 25 mil audiencias en materia penal, estamos hablando de más de 25 mil resoluciones dictadas en materia familiar”.
Respecto a este último punto, sobre la viabilidad de conceder autonomía presupuestal al STJE, iniciativa impulsada por abogados locales, sostuvo que le corresponde al Congreso del Estado evaluar la factibilidad técnica y legislativa de dicha reforma.
Por último, en el rubro de equidad de género, destacó que la Comisión de Igualdad Sustantiva mantiene capacitaciones constantes en la función judicial, incluyendo el llenado del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).