El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, lamentó profundamente el asesinato del alcalde de Tancanhuitz y expresó su solidaridad con la familia de la víctima y con el pueblo del municipio. “Lo conocí, era una buena persona. Esto debe atenderse con puntualidad y llegar al fondo de lo sucedido”, afirmó.
En su análisis del caso, Galindo señaló que, de confirmarse que se trata de un hecho relacionado con el crimen organizado, las estrategias para enfrentar el problema deben ser distintas a las utilizadas contra la delincuencia común. Sin embargo, destacó que uno de los puntos críticos en el combate al delito sigue siendo la debilidad estructural de las corporaciones municipales.
“Las policías municipales siguen siendo el eslabón más débil en la prevención y el combate al delito. Esto no se debe únicamente a las capacidades locales, sino a la falta de apoyo estructural y financiero”, subrayó. Galindo recordó que, desde hace tres años, los municipios no cuentan con presupuesto federal destinado específicamente a la seguridad pública, lo que ha provocado la desaparición de políticas nacionales que anteriormente regían aspectos clave como el reclutamiento, la formación y la operación de las policías municipales.
“Antes había al menos 250 ciudades que seguían una política pública normalizada para fortalecer a sus policías municipales. Esto se perdió con la eliminación de esos recursos, dejando a muchas corporaciones sin herramientas ni estrategias claras para enfrentar los retos de seguridad”, explicó el edil, quien también planteó la posibilidad de implementar políticas locales para fortalecer a las policías municipales en San Luis Potosí.
Galindo descartó que el problema radique en culpar a las policías municipales, pero reconoció que enfrentan condiciones adversas que las hacen vulnerables frente al crimen organizado y otros delitos. En este sentido, destacó la importancia de generar políticas públicas que permitan reforzar estas instituciones y su capacidad operativa.
Finalmente, reiteró la necesidad de atender con urgencia este tipo de hechos, subrayando que la violencia contra autoridades municipales representa una amenaza para la gobernabilidad y la seguridad en las comunidades potosinas.