Con una manifestación pacífica y una instalación de peluches, organizaciones denuncian rezagos, prácticas prolongadas y afectaciones a la niñez en juzgados familiares.
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, organizaciones civiles realizaron este viernes una manifestación pacífica a las afueras del Poder Judicial de San Luis Potosí colocando peluches en la explanada, así como diferentes frases para visibilizar lo que califican como “maltrato institucional” hacia niñas y niños dentro de procesos familiares.
La protesta fue encabezada por la asociación No Más Hijos Rehenes México A.C. y la Fundación Internacional Granito de Arena, quienes instalaron decenas de peluches en la explanada como símbolo de las infancias que, aseguran, han sido invisibilizadas por el sistema judicial.
De acuerdo con los manifestantes, uno de los principales problemas radica en la prolongación de medidas temporales, como convivencias supervisadas, que se extienden por años sin revisiones periódicas ni rutas claras de restitución de derechos. Esto, advirtieron, genera un “limbo afectivo” que impacta directamente en la salud emocional de los menores.
José Uriel Medina Sánchez, representante estatal de “No Más Hijos Rehenes”, señaló que estas prácticas derivan en una contradicción institucional: “medidas que deberían ser excepcionales se convierten en permanentes”, lo que dijo, termina debilitando los vínculos familiares y afectando a la niñez.
Por su parte, Susana del Río, representante de la Fundación Internacional Granito de Arena en San Luis Potosí, afirmó que los procesos judiciales carecen, en muchos casos, de una perspectiva centrada en la infancia. Señaló que niñas y niños son expuestos a entornos poco adecuados, como audiencias “frías” y zonas de convivencia que no consideran su bienestar emocional.
Durante la manifestación, ambas organizaciones expusieron un documento que entregaron de manera formal a la presidenta del Poder Judicial, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, en el que plantean diversas exigencias, entre ellas establecer plazos máximos para convivencias supervisadas, implementar mesas de trabajo con la sociedad civil, fortalecer la capacitación del personal y garantizar revisiones periódicas de los casos.
Los colectivos también alertaron sobre el incremento de casos relacionados con disputas familiares que afectan a menores. Según datos compartidos por la asociación, actualmente acompañan alrededor de 60 casos en el estado, cifra que, aseguran, ha crecido en los últimos meses.
Aunque la movilización se desarrolló de manera pacífica, los participantes insistieron en la urgencia de atender el rezago en los juzgados familiares y de priorizar el interés superior de la niñez en cada resolución.
“La infancia no se pausa”, reiteraron, al subrayar que los tiempos judiciales, cuando se prolongan, pueden traducirse en afectaciones irreversibles para el desarrollo emocional de niñas y niños.