Las cinco carpetas de investigación por aborto registradas en San Luis Potosí durante 2025 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no significan que todas correspondan a delitos, aclaró la fiscal general del Estado, Manuela García Cázares.
Durante una conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General del Estado fue cuestionada sobre las estadísticas nacionales que reportan cinco casos de aborto en la entidad, pese a que la interrupción del embarazo fue despenalizada hasta las 12 semanas de gestación.
La fiscal explicó que la legislación actual sólo considera delito aquellos procedimientos realizados después de ese periodo.
“Solamente se considera aborto cuando el aborto ocurra después de las doce semanas de embarazo, se considera delito. Antes de las doce semanas, incluso los centros hospitalarios señalados para ello, podrían practicar el aborto”.
Ante la insistencia sobre las cinco investigaciones registradas por las autoridades federales, García Cázares precisó que únicamente uno de los asuntos conocidos por la Fiscalía corresponde a un aborto practicado fuera del plazo permitido por la ley.
“Solamente tenemos uno registrado fuera de término”.
La funcionaria señaló que el caso fue detectado a partir de un reporte realizado por personal médico luego de que una mujer acudiera a recibir atención.
“Este asunto, por una clínica, que nos hablaron de una clínica de Seguro Social, que una persona había llegado con sangrado y era un aborto provocado después de las doce semanas”.
Respecto a los demás registros, indicó que corresponde a las instituciones de salud verificar que los procedimientos se hayan realizado dentro de los márgenes establecidos por la legislación vigente.
“La Secretaría de Salud tiene que corroborar que efectivamente la persona tenga menos de doce semanas de embarazo para la práctica del aborto”.
La fiscal recordó que la reforma aprobada en San Luis Potosí derivó de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la persecución penal se limita a los casos que exceden el plazo legal o que involucran otras conductas tipificadas en la ley.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo, entre enero y mayo de 2025 se contabilizaron cinco carpetas de investigación por aborto en el estado, aunque la Fiscalía sostiene que sólo una corresponde a una interrupción del embarazo realizada después de las 12 semanas de gestación.