El diputado del PAN presentará un exhorto para que los municipios analicen la incorporación del sistema de Justicia Cívica y contemplen recursos para su implementación en 2027; argumenta que el modelo ayudaría a prevenir conflictos y desahogar la carga a la FGE.
El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo Barrera, anunció que presentará un exhorto dirigido a los 56 municipios de San Luis Potosí que aún no cuentan con un sistema de Justicia Cívica, con el objetivo de que analicen su implementación y consideren incluir recursos para ello en sus presupuestos del próximo ejercicio fiscal.
Argumentó que la propuesta surge luego de la aprobación de la nueva Ley Estatal de Justicia Cívica, la cual establece un marco regulatorio para los municipios que ya operan este esquema, aunque no obliga al resto de los ayuntamientos a adoptarlo debido a la autonomía municipal prevista en el artículo 115 de la Constitución.
Actualmente, únicamente los municipios de San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles cuentan con un sistema de Justicia Cívica en funcionamiento, por lo que, el legislador, consideró que existe la oportunidad para ampliar su cobertura en el estado, señalando que el exhorto busca que los gobiernos municipales conozcan el modelo y evalúen incorporarlo de manera gradual, aprovechando que en los próximos meses elaborarán sus leyes de ingresos y egresos para 2027.
«Hoy estamos a muy buen tiempo para que en su ley de ingresos y egresos, cuando la presenten en el Honorable Congreso del Estado, puedan ir implementando en sus municipios el sistema de justicia», señaló y al ser cuestionado, justificó que la implementación del sistema no requiere necesariamente una inversión elevada desde el inicio, al tiempo de considerar que los beneficios en materia de gobernabilidad y seguridad pública compensan el esfuerzo presupuestal.
Guajardo expuso que entre las principales ventajas, la Justicia Cívica permite resolver conflictos cotidianos mediante mecanismos de conciliación y sanciones administrativas, evitando que asuntos menores lleguen a la Fiscalía General del Estado, mencionando como ejemplo disputas vecinales por daños materiales, conflictos derivados del ruido, problemas relacionados con basura o animales, así como accidentes de tránsito menores, casos que actualmente, en municipios donde no existe este sistema, suelen derivar en denuncias ante el Ministerio Público.
«Lo que buscamos nosotros es que exista un juez cívico donde tú puedas presentar esta denuncia. El juez cívico atiende a las dos partes, se busca primero que se resuelva por medio del diálogo y, si no, por medio de una multa administrativa», explicó.
Argumentó así, que este mecanismo contribuiría a disminuir la carga de trabajo de la Fiscalía y permitiría concentrar sus recursos en la investigación de delitos de mayor impacto; aunque reconoció que el exhorto no tiene efectos obligatorios, ya que el Congreso carece de facultades para imponer este modelo a los municipios.
Sin embargo, subrayó que representa una herramienta para abrir el diálogo con las administraciones municipales y promover lo que llamó sus beneficios: «Nosotros no podemos obligarlos… atendiendo al artículo 115 constitucional y la autonomía de los ayuntamientos. Pero sí podemos platicarlo; son las herramientas que tenemos desde el Congreso del Estado», indicó.
Guajardo añadió que, una vez enviado el exhorto, esperarán la respuesta de los municipios para conocer su disposición a adoptar el sistema o, en su caso, identificar las razones por las que no contemplan implementarlo.