El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), Jesús Juárez Hernández, afirmó que las investigaciones relacionadas con los recientes aseguramientos de presuntos centros clandestinos de almacenamiento de hidrocarburos en San Luis Potosí son competencia exclusiva de las autoridades federales, mientras que la corporación estatal únicamente participa cuando la Fiscalía General de la República (FGR) solicita apoyo operativo.
Luego de los aseguramientos realizados esta semana en una nave industrial ubicada en el municipio de San Luis Potosí y en un inmueble de la comunidad de Laguna de San Vicente, el funcionario explicó que aunque la información sobre estos casos se comparte en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, pero el seguimiento de las carpetas de investigación corresponde a la FGR.
Detalló que la participación de la SSPCE consiste en brindar seguridad antes, durante y en ocasiones, después de los cateos realizados por la autoridad federal.
«Sí, claro que sí, sí nos piden el apoyo para resguardar el lugar antes del cateo y durante el cateo y en ocasiones después de los cateos», indicó.
Juárez Hernández señaló que, si bien los aseguramientos podrían estar relacionados con el delito de robo de hidrocarburos, también existe la posibilidad de que obedezcan a irregularidades administrativas, por lo que evitó emitir conclusiones sobre las causas que motivaron las acciones federales.
“Obviamente ellos se encuentran dando resultados a su superioridad. En cuanto a nosotros, bueno, pues recordemos que el seguimiento a este tipo de delito pues es completamente federal y podría tratarse quizás como usted lo menciona del determinado huachicol, pero también quizás sea por algunas situaciones administrativas, como faltas de permisos», expresó.
Al ser cuestionado sobre el hecho de que los inmuebles operaran de manera aparentemente establecida sin que las autoridades locales lo detectaran, respondió: «No, es que le comento, pueden ser inclusive temas de falta de algún permiso o vencimiento, cuestiones administrativas, lo cual pues obviamente deberá ir en la en la carpeta de investigación que solamente la autoridad federal conoce».
Añadió que los permisos para la operación de este tipo de empresas también son supervisados por instancias federales, por lo que insistió en que únicamente la Fiscalía General de la República puede informar sobre las causas específicas que originaron los aseguramientos.
El secretario explicó que, con base en experiencias anteriores, existen casos en los que son aseguradas pipas por no portar la documentación correspondiente y, tras las investigaciones, se determina si existía una irregularidad administrativa o si el traslado del combustible era ilegal.