La inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para el Derecho, desde la protección de los derechos humanos y los datos personales hasta la responsabilidad por daños y el uso de contenidos creados con esta tecnología. Ante este panorama, el maestro Saúl Rodríguez Corona, catedrático de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), advirtió que México enfrenta un desfase entre el desarrollo de estas herramientas y la construcción de un marco jurídico que permita regularlas.
Durante una entrevista, el especialista en Derecho Constitucional y Amparo explicó que, aunque la inteligencia artificial no es un concepto nuevo, la expansión generativa a partir de 2020 permitió que un público más amplio tuviera acceso a herramientas capaces de modificar imágenes, imitar voces y generar videos, lo que abrió nuevas posibilidades, pero también riesgos legales.
“Nos está ganando la inteligencia artificial en cuanto a la carrera con la regulación propia de la misma”, señaló.
Rodríguez Corona explicó que Estados Unidos, China y la Unión Europea representan tres referentes internacionales en la regulación de esta tecnología, con enfoques distintos. Mientras algunos modelos priorizan el desarrollo tecnológico y otros ponen mayor atención en los proveedores de servicios, consideró que el esquema europeo destaca por colocar a las personas y sus derechos fundamentales en el centro de la legislación.
En el caso de México, indicó que aún no existe una ley general que regule de manera integral la inteligencia artificial, aunque hay propuestas en el Congreso de la Unión para establecer un marco federal. A su juicio, contar con criterios generales permitiría evitar disposiciones aisladas y construir una regulación coherente con los derechos humanos.
El académico también se refirió a los riesgos relacionados con los sesgos algorítmicos, que pueden generar resultados discriminatorios, así como a la necesidad de determinar quién debe responder cuando el uso de estas herramientas ocasiona daños a una persona o una organización.
Al respecto, explicó que las decisiones apoyadas en inteligencia artificial no deben depender exclusivamente de los resultados que arrojan los sistemas, sino que requieren valoración y supervisión humana. Esto cobra especial relevancia en ámbitos como la impartición de justicia, donde una decisión automatizada puede tener consecuencias importantes para los derechos de las personas.
“Es fundamental que sea auxiliar en el quehacer diario, como en la justicia, siempre y cuando no dependa totalmente de su autonomía; tiene que estar siempre supervisada por personas”, puntualizó.
Otro de los desafíos se encuentra en la protección de los derechos de autor, la imagen y la voz, particularmente cuando se utilizan datos o materiales de terceros para generar contenidos. El especialista señaló que el consentimiento y las condiciones de uso son aspectos relevantes para determinar posibles responsabilidades, sobre todo cuando existe un beneficio económico derivado de esas creaciones.
En el ejercicio profesional del Derecho, añadió, la inteligencia artificial puede facilitar tareas como la administración de expedientes, la elaboración de contratos y la preparación de documentos jurídicos. Sin embargo, advirtió que estas herramientas deben utilizarse bajo la revisión de profesionales, pues pueden producir información incorrecta, referencias inexistentes o documentos con deficiencias.
Respecto a San Luis Potosí, Rodríguez Corona mencionó que la discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial requiere espacios de diálogo con especialistas, universidades, desarrolladores y otros sectores involucrados. Consideró favorable que se promuevan foros para analizar las implicaciones jurídicas y construir propuestas con mayor sustento técnico.
Finalmente, destacó que el reto no consiste únicamente en regular la tecnología, sino en hacerlo de manera equilibrada, para aprovechar sus beneficios sin dejar de proteger a las personas.