Las extorsiones presenciales, en las que personas exigen dinero a cambio de cuotas y utilizan el nombre de grupos criminales para intimidar a sus víctimas, son una de las modalidades detectadas en San Luis Potosí, principalmente en las regiones Huasteca y Altiplano, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.
El funcionario indicó que la dependencia ha detenido alrededor de 35 personas por este delito durante el año, relacionadas, según sus declaraciones, con células criminales que operan en esas zonas. A esta cifra deberán sumarse las detenciones realizadas por la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, aunque no detalló el total conjunto.
Juárez Hernández explicó que parte de la información sobre estos hechos se obtiene mediante el despliegue de elementos en territorio y el acercamiento con habitantes, quienes en ocasiones reportan las extorsiones de manera confidencial, sin presentar una denuncia formal.
“Una de las formas que hemos encontrado de recibir alguna información respecto a si están sucediendo extorsiones en tal o cual sector, es precisamente en el despliegue de nuestro personal de campo y en el acercamiento a la ciudadanía”, señaló.
Ante esta situación, el secretario sostuvo que uno de los principales retos consiste en generar confianza para que las víctimas denuncien y las autoridades puedan investigar los casos e identificar a quienes exigen dinero mediante amenazas.
* Llamadas de extorsión provienen de otros estados
Aunque la población potosina también es víctima de extorsiones telefónicas, Juárez Hernández aseguró que la Secretaría no ha identificado casos de llamadas de extorsión originadas desde el interior de los centros penitenciarios de San Luis Potosí.
En cambio, dijo que al atender reportes de víctimas, las autoridades han detectado que algunas llamadas proceden de penales ubicados en Tamaulipas, Estado de México y Jalisco.
“Cuando nos toca atender algún reporte al 911 respecto de alguien, alguna persona que esté siendo víctima de este tipo de delito, nos hemos dado cuenta que las llamadas vienen de otros penales en otros Estados”, afirmó.
El titular de la SSPC sostuvo que no han detectado esta modalidad telefónica dentro de las cárceles estatales, aunque reconoció que la extorsión sí representa un problema para la población y que las autoridades deben combatir las distintas formas en que se presenta.
* Aseguran 45 celulares en penales
Como parte de las medidas para impedir que las personas privadas de la libertad utilicen teléfonos celulares para cometer delitos, el funcionario informó que se realizan revisiones mensuales en los centros penitenciarios estatales, por acuerdo de la Mesa de Coordinación y por instrucción federal.
De acuerdo con sus cifras, durante el último año fueron asegurados 45 teléfonos celulares, lo que derivó en 45 carpetas de investigación y, según indicó, en una persona detenida por cada caso.
Juárez Hernández añadió que la nueva Ley General contra la Extorsión establece medidas para fortalecer la investigación de este delito. Entre ellas mencionó la canalización a la Fiscalía General del Estado de las denuncias anónimas recibidas mediante el número 089, para que se inicien las carpetas correspondientes.
El secretario consideró que la denuncia ciudadana es fundamental para identificar a quienes participan en estas actividades y actuar contra las células criminales. Sin embargo, no presentó cifras comparativas que permitan determinar cuánto aumentó la extorsión en la entidad ni informó cuántas personas han sido vinculadas a proceso por este delito.
“Lo que tenemos que trabajar primero es en darle confianza a la ciudadanía para que denuncie, y en segundo paso, actuar nosotros de manera contundente en contra de estas células criminales”, concluyó.