La expansión de fraccionamientos residenciales en San Marcos Carmona no solamente modifica el paisaje y la distribución del suelo, también altera las formas de convivencia de una comunidad que ha habitado ese territorio durante siglos. La llegada de nuevos desarrollos inmobiliarios ha generado presiones sobre sus habitantes, quienes enfrentan el encarecimiento de las condiciones de vida y dificultades para continuar con prácticas culturales que anteriormente formaban parte de su cotidianidad.
Así lo señaló María Suhey Tristán Rodríguez, doctora en Derecho y académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), al advertir que el crecimiento inmobiliario en la periferia de la capital potosina está produciendo procesos de desplazamiento territorial que pueden pasar inadvertidos detrás de la expansión habitacional.
La especialista explicó que una de las primeras señales de estas transformaciones son las modificaciones a los usos de suelo, mediante las cuales terrenos vinculados históricamente con las comunidades comienzan a destinarse a desarrollos residenciales.
En San Marcos Carmona, señaló, este proceso comenzó hace poco más de una década. Con el establecimiento de nuevos fraccionamientos, las dinámicas comunitarias también comenzaron a cambiar, incluso en aspectos como la realización de actividades tradicionales que pueden generar inconformidad entre quienes llegan a habitar esos espacios.
“Cuando las comunidades dicen ya ni siquiera podemos hacer nuestras actividades que culturalmente hacíamos porque molestan a los vecinos”, expuso.
Tristán Rodríguez relacionó este fenómeno con la gentrificación, entendida como la llegada de población externa que modifica las condiciones de permanencia de quienes históricamente han habitado un lugar. A ello se suma el incremento en los costos de vivir y de acceder a los insumos necesarios para permanecer en el territorio.
La académica estimó que cerca de una tercera parte del territorio de San Marcos Carmona podría haber sido alcanzada por la expansión inmobiliaria. Aunque reconoció que no cuenta con un registro preciso del número de habitantes afectados, sostuvo que se trata de cientos de personas que enfrentan estas transformaciones.
Advirtió que el fenómeno también debe analizarse desde la planeación urbana, pues las decisiones administrativas sobre el uso del suelo pueden determinar quiénes conservan la posibilidad de permanecer en una comunidad y quiénes terminan desplazados por las nuevas dinámicas de urbanización.
“Yo siempre he pensado que los planes de desarrollo urbano mal utilizados pueden ser instrumentos de segregación”, expresó.
La doctora también cuestionó que el derecho a la vivienda sea utilizado como argumento para justificar intervenciones que afectan otros derechos. Aclaró que garantizar el acceso a una vivienda no debe implicar el desplazamiento de comunidades con antecedentes históricos de ocupación y reconocimiento territorial, como ocurre en San Marcos Carmona, cuyos derechos sobre tierras y aguas tienen antecedentes de varios siglos.
La problemática ha llegado también al ámbito judicial mediante el acompañamiento de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP, dirigida por Guillermo Luévano Bustamante. Entre las acciones emprendidas se encuentran cuatro amparos relacionados con la defensa del territorio y los derechos de la comunidad.
Uno de estos procedimientos aborda el derecho de las infancias a la recreación y la relación que mantienen con el río como parte de su entorno. La intención es reconocer que estos espacios naturales no son únicamente recursos físicos, sino lugares donde niñas y niños desarrollan actividades y vínculos comunitarios.
La especialista señaló que también existe una discusión pendiente sobre los alcances de la protección ambiental de la Sierra de San Miguelito, particularmente respecto a las zonas de recarga de agua, las categorías de protección y la aplicación de su plan de manejo.
Además, mencionó que tiene conocimiento de amparos relacionados con el decreto de protección de la Sierra, debido a la existencia de polígonos que ya estaban sujetos a procesos de urbanización.
Para Tristán Rodríguez, el caso de San Marcos Carmona permite observar que los impactos de la expansión inmobiliaria no se limitan a la transformación física del territorio: también pueden modificar las relaciones sociales, las prácticas culturales y las condiciones necesarias para que una comunidad continúe existiendo en el lugar que históricamente ha habitado.