Casi nueve años después del feminicidio de Silvia Gómez, su familia sigue acudiendo a los tribunales sin obtener una sentencia definitiva.
Este miércoles 11 de noviembre, sus familiares se manifestaron en el Centro Integral de Justicia Penal de San Luis Potosí para exigir que el proceso contra Olegario N. llegue a una resolución y que se revise la medida cautelar que actualmente le permite permanecer bajo prisión domiciliaria.
La protesta reunió nuevamente a quienes han acompañado el caso desde 2017 y que, además de enfrentar la pérdida de Silvia, han tenido que seguir las distintas etapas de un procedimiento que describen como prolongado, desgastante y lleno de aplazamientos.
Carlos Balderas, yerno de Silvia, recordó que la búsqueda de la mujer comenzó cuando perdieron contacto con ella en junio de 2017. Durante esos días, la familia desconocía dónde se encontraba, hasta que recibió información sobre el lugar donde había sido enterrada, en un predio perteneciente a familiares del imputado. Su cuerpo fue entregado a sus seres queridos el 25 de junio de ese año.
La búsqueda de justicia tampoco tuvo una respuesta inmediata. Olegario permaneció prófugo durante seis años, hasta que fue detenido en Estados Unidos en 2023 y posteriormente regresó a San Luis Potosí para enfrentar el procedimiento penal. Para la familia, su localización no significó el fin de la incertidumbre: todavía quedaban las audiencias, los recursos legales y la espera de una sentencia.
Carlos relató las dificultades que han enfrentado para que las diligencias se desarrollen y el proceso avance. Las audiencias, explicó, se aplazaban por diferentes circunstancias, lo que obligaba a la familia a continuar esperando nuevas fechas y a mantenerse pendiente de cada movimiento judicial.
Uno de los cambios que detonó la nueva inconformidad fue que el imputado pasara a prisión domiciliaria. Los familiares temen que pueda volver a evadir a las autoridades, especialmente porque ya permaneció varios años fuera del alcance de la justicia.
Arcelia Gómez Cervantes, hermana de Silvia, cuestionó que la familia haya tenido que buscar por sus propios medios información sobre el procedimiento y que las decisiones judiciales no siempre les fueran comunicadas oportunamente. También recordó que llegaron a enterarse de acontecimientos relacionados con el acusado a través de redes sociales, en lugar de recibir información directa de las instituciones.
La familiar sostuvo que el paso de los años y los recursos promovidos por la defensa han complicado el acceso a una resolución. Para ella, la prolongación del procedimiento no puede separarse de la responsabilidad de las autoridades de garantizar los derechos de quienes buscan justicia por la víctima.
Por su parte, Óscar Gómez, hermano de Silvia, habló del impacto que esta espera ha tenido en la familia y del temor que les genera que el imputado permanezca fuera del centro penitenciario. Señaló que la preocupación aumentó después de que, según su versión, Olegario no se presentó a una audiencia la semana anterior.
Aunque aseguró que no han recibido amenazas directas, reconoció que la familia vive con miedo ante la posibilidad de que el acusado vuelva a escapar. También describió el desgaste psicológico que han enfrentado durante estos años y la necesidad de que las autoridades den una respuesta definitiva.
Los familiares advirtieron que continuarán con las movilizaciones si el procedimiento no avanza. Su presencia en los juzgados este miércoles buscó mantener visible una exigencia que, desde 2017, no ha cambiado: que el feminicidio de Silvia tenga una sentencia y que la espera de su familia no siga prolongándose.