El colectivo Abejita Vuelve a Casa reporta alrededor de ocho carpetas de investigación en la capilla de San Pedro y Santa María de Guadalupe, en Prados Segunda Sección; señalan a colaborador que se desempeñaba como sacristán del templo, quien renunció y huyó tras las denuncias.
Madres de familia de menores que presuntamente fueron víctimas de abuso sexual en una capilla de Prados de Segunda Sección exigieron respuestas a la Iglesia y a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), ante la existencia de al menos ocho carpetas de investigación contra un hombre que se desempeñaba como sacristán y quien, de acuerdo con sus testimonios, habría dejado de estar localizable.
La activista Marilú González, fundadora del movimiento “Abejita Vuelve a Casa”, quien acompañó a las familias denunciantes, señaló que hasta el momento tienen conocimiento de alrededor de 10 posibles víctimas, aunque existe la sospecha de que la cifra podría ser mayor, debido a que el señalado habría trabajado anteriormente en otras iglesias de San Luis Potosí.
“Hasta el momento, tenemos alrededor de ocho carpetas de investigación abiertas en contra de una misma persona que operaba en la misma iglesia. Tenemos por entendido que esta persona era sacristán de la iglesia y utilizaba sus roles católicos para poder cometer estos abusos en contra de estos menores (…) Es decir, que los abusos y las violaciones ocurrían dentro de la misma iglesia, es por eso que estamos aquí con el obispo”, señaló la activista.
Explicó que, a partir de señalamientos difundidos en redes sociales, comenzaron a acercarse a las familias para brindarles orientación y acompañamiento, así como canalizarlas ante las instancias correspondientes, entre ellas la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres y la encargada de protección a menores, además de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
De acuerdo con la activista, se tienen identificadas ocho carpetas de investigación contra una misma persona, José N., una de ellas correspondiente a dos hermanas, por lo que el número de menores afectados sería de alrededor de 10 y añadió que también han recibido señalamientos anónimos de posibles víctimas varones, entre las que aún no se han formalizado denuncias.
Las madres manifestaron preocupación por la situación del presunto responsable, pues aseguraron que inicialmente fue detenido, pero posteriormente quedó en libertad, mientras las familias continuaban buscando información sobre el proceso legal y las medidas para evitar que pudiera acercarse a otros menores.
“Hasta el momento no hemos tenido respuesta, sabemos que el señor huyó con su esposa porque pues su esposa sabe todo eso, huyó con su esposa y no hemos tenido respuesta, ni siquiera si ya hay una orden de aprehensión en contra de ellos (…)
Hasta el momento nosotros no sabíamos a quién acudir, ni siquiera sabíamos que en iglesia ya tenía algo que ayudara a estas personas vulnerables, hasta apenas que unas catequistas nos ayudaron y nos dieron información de todo eso, por eso hasta hoy recibimos respuesta con el obispo”, detalló una de las madres.
Relató además que decidió buscar a otras familias después de que su hija le contó lo sucedido, lo que permitió conocer otros casos y motivó a más personas a acudir ante las autoridades.
Señaló que, ante la falta de información sobre el paradero del señalado, las familias buscan que se esclarezca si existe una orden de aprehensión y que la Fiscalía avance en las investigaciones. También manifestaron inquietud por los tiempos de atención y acompañamiento psicológico que inicialmente les habían programado.
Por su parte, representantes de la Iglesia señalaron que tienen conocimiento de denuncias contra una persona que colaboraba en una capilla y aseguraron que, ante señalamientos de esta naturaleza, el protocolo establece que se debe retirar a la persona involucrada de sus funciones para evitar posibles riesgos mientras se investigan los hechos.
Lucila Olguín Segura, integrante de la Comisión Diocesana de Protección a Menores y Personas Vulnerables y encargada de la oficina de recepción de denuncias, indicó que la Iglesia busca colaborar con las autoridades ministeriales, facilitar el acceso a los espacios donde pudieron ocurrir los hechos y brindar acompañamiento a las familias.
La representante eclesiástica aclaró que las carpetas de investigación son información reservada y que corresponde a la Fiscalía determinar las medidas legales, incluida la emisión de órdenes de aprehensión, así como establecer responsabilidades.
Añadió que el acompañamiento a las víctimas también contempla atención psicológica especializada, debido a la necesidad de que niñas y niños reciban apoyo profesional para afrontar las situaciones que hayan vivido.
Las madres insistieron en que buscan respuestas claras, seguimiento a las denuncias y acciones que permitan localizar al señalado, mientras el colectivo hizo un llamado a otras posibles víctimas o familias que tengan información a acercarse a las instancias correspondientes para recibir orientación y formalizar sus denuncias.


