Pensionados advierten que no basta con pagar el retroactivo a los trabajadores activos: necesitan que el incremento de 3.5 por ciento se incorpore a los tabuladores y se publique oficialmente para que también puedan actualizar sus pensiones; llevan 51 días sin respuesta a su solicitud de diálogo.
La falta de regularización del aumento salarial para el personal activo del Poder Judicial del Estado no solamente mantiene pendiente una prestación laboral, sino que también afecta directamente a alrededor de 2 mil personas jubiladas y pensionadas, quienes dependen de la actualización de los salarios para solicitar el incremento correspondiente a sus pensiones.
Ana Luisa Morales Lara, representante de la Primera Gran Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, explicó que el problema radica en que la movilidad salarial prevista en la Ley de Pensiones del Estado requiere que los incrementos se reflejen formalmente en los tabuladores de los trabajadores activos. Por ello, advirtió que un eventual pago de retroactivos sin modificar estos registros dejaría fuera a quienes ya se jubilaron.
«Nosotros dependemos grandemente de la regularización salarial de los activos porque hemos emanado de aquí del Poder Judicial. La Ley de Pensiones de Gobierno del Estado establece en el artículo 60, fracción segunda, que debe haber movilidad salarial. Sin la movilidad salarial de activos, los jubilados del Poder Judicial no podemos tener acceso ante Pensiones a un aumento salarial», explicó.
La representante señaló que el incremento general de 3.5 por ciento, retroactivo a febrero de este año, fue anunciado el pasado 8 de agosto, después de una reunión con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Sin embargo, aseguró que las autoridades judiciales no han concretado su aplicación en los salarios del personal activo.
El retraso mantiene en incertidumbre a los pensionados, pues, aunque el aumento pudiera cubrirse de manera retroactiva a quienes todavía trabajan, eso no garantizaría que sus pensiones sean actualizadas. Para ello, insistió, es necesario que el incremento quede incorporado en los tabuladores y se realicen las publicaciones oficiales correspondientes en el Periódico Oficial del Estado.
«No estamos en posibilidad de negociar ni de aceptar que únicamente les paguen retroactivos a los activos porque eso nos hace a un lado a los jubilados, eso nos deja fuera de obtener nuestro aumento. Nosotros necesitamos, conforme a la Ley de Pensiones, que la movilidad sea en tabuladores, en Periódico Oficial y que se aplique directamente en el salario de los activos para poder tener acceso nosotros, los jubilados, a ese aumento», sostuvo.
Sin respuesta a solicitudes de diálogo
Morales Lara también cuestionó la falta de atención de las autoridades judiciales a las solicitudes de diálogo que presentaron para exponer las consecuencias del retraso salarial.
Detalló que el 1 de octubre solicitaron una mesa de diálogo con las tres personas integrantes del Consejo del Órgano de Administración Judicial, incluida su presidenta. Sin embargo, al momento de sus declaraciones habían transcurrido 51 días sin que les proporcionaran una fecha para el encuentro.
Además, señaló que buscaron ser escuchados por la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, pero tampoco consiguieron una respuesta favorable.
«Hicimos una solicitud el pasado día primero de octubre y hasta la fecha, a 51 días, no nos han dado fecha para esa mesa de diálogo. Tampoco fuimos escuchados por la presidenta del Supremo Tribunal. Como que no somos tema de agenda para ellos y nos han negado esa mesa de diálogo para ponerles en contexto por qué nuestra necesidad de que les paguen a los activos», manifestó.
A esta petición se sumó un segundo escrito, presentado el 28 de octubre, en el que solicitaron formalmente la regularización de los salarios, la actualización de los tabuladores y las publicaciones oficiales necesarias para que el incremento tenga efectos en las pensiones.
De acuerdo con la representante, la respuesta que recibieron fue que no existía viabilidad presupuestal para realizar los pagos y que estos podrían concretarse cuando hubiera recursos disponibles, pero sin precisar una fecha.
«Nos dicen que no hay viabilidad, que hasta en cuanto tengan el presupuesto, en cuanto tengan la viabilidad, ellos van a poder hacer efectivo ese pago, pero no nos señalan fecha ni cuándo. Puras promesas dilatorias en relación con los pagos que deben hacerles a los activos», señaló.
Para Morales Lara, el problema no puede reducirse a una cuestión de disponibilidad de recursos, pues consideró que las autoridades debieron prever el dinero necesario para cubrir los incrementos salariales en el presupuesto institucional.
Explicó que el presupuesto destinado a servicios personales contempla los recursos para cubrir salarios y demás percepciones de los trabajadores, por lo que cuestionó que ahora se argumente la falta de fondos para cumplir con el aumento.
También señaló que, si realmente existe una insuficiencia presupuestal, las autoridades tienen la posibilidad de solicitar una ampliación, pero aseguró que hasta el día anterior a sus declaraciones no tenían conocimiento de que se hubiera realizado esa gestión.
La representante agregó que las autoridades judiciales ya habían solicitado recursos para el ejercicio fiscal 2027, por un monto superior a los mil 300 millones de pesos, por lo que consideró necesario que también se garantice la previsión financiera para cumplir con las obligaciones salariales.
Jubilados cuestionan que tengan que exigir el cumplimiento de derechos
Desde otra perspectiva, Rosalía Sierra, quien trabajó durante 33 años como secretaria en la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y actualmente es jubilada, cuestionó que las personas pensionadas tengan que salir a manifestarse para exigir que las autoridades cumplan con procedimientos que forman parte de sus responsabilidades administrativas.
Sierra centró su reclamo en el derecho de los trabajadores a recibir sus percepciones y aumentos salariales en tiempo y forma, así como en la obligación de las autoridades de realizar las gestiones necesarias para que las modificaciones salariales también se reflejen ante la instancia de Pensiones.
«¿Qué ley les faculta para tomar presupuestos que ya no les corresponden? Porque el salario de un trabajador, así como sus aumentos, es sagrado. Es personal de apoyo y tiene derecho de recibir sus aumentos en tiempo y forma como lo marca la ley. ¿Qué ley les faculta a los consejeros, o qué sé yo, para no hacer lo que en derecho les corresponde?», cuestionó.
La extrabajadora consideró que no tendría que corresponderles a los jubilados gestionar o insistir en la comunicación de los nuevos tabuladores ante Pensiones, pues se trata de una obligación de las autoridades judiciales.
«No nos corresponde a nosotros estar aquí, les corresponde a ellos hacer su tarea, su trabajo, mandar comunicar a Pensiones que el tabulador ya cambió. Y lo que es más, darles al activo el aumento», expresó.
Añadió que el retraso tiene consecuencias que van más allá de un incumplimiento administrativo, pues afecta los ingresos de personas que concluyeron su vida laboral después de décadas de servicio y que dependen de sus pensiones.
«Nos están perjudicando no solamente como trabajadores, como pensionados, como jubilados. Nos están perjudicando también como personas de la tercera edad», advirtió.
La Primera Gran Asociación de Jubilados y Pensionados insistió en que su exigencia no se limita a que se cubra el incremento pendiente a los trabajadores activos, sino a que se cumpla todo el procedimiento administrativo para garantizar que la actualización salarial también tenga efectos en las pensiones de quienes trabajaron en el Poder Judicial.


