Colectivos de protección animal en San Luis Potosí, entre los que se encuentran “Amigos de Corazón”, “Dog Lovers”, por mencionar algunos, manifestaron su rechazo e indignación ante la decisión que permitió a al hombre señalado por la muerte de dos perros en Soledad de Graciano Sánchez enfrentar su proceso en libertad, luego de obtener un amparo, situación que consideraron refleja una actuación insuficiente por parte de la Fiscalía General del Estado.
A través de un posicionamiento público difundido en redes, las organizaciones defensoras de animales cuestionaron que la Fiscalía no combatiera con mayor firmeza el amparo promovido por la defensa del presunto responsable, quien es investigado por la agresión contra dos perros en el campo Los Delfines.
Los colectivos sostuvieron que la crueldad animal no debe ser considerada un delito menor, ya que constituye una manifestación de violencia que afecta la seguridad y la convivencia social. Advirtieron que permitir que una persona señalada por utilizar un mecanismo de agresión de alta peligrosidad permanezca en libertad genera preocupación entre la ciudadanía y representa una injusticia para las víctimas.
En el desplegado, señalaron que la autoridad ministerial debió argumentar con mayor contundencia el riesgo social y la posible peligrosidad del agresor al momento de solicitar medidas cautelares, pues consideraron que la resolución transmite la percepción de que la vida de los animales tiene consecuencias jurídicas mínimas.
Enfatizaron en que los hechos deben analizarse tomando en cuenta la existencia de conductas independientes respecto de cada una de las víctimas, por lo que pidieron una investigación integral y sanciones acordes con la gravedad de los acontecimientos.
Los colectivos también rechazaron cualquier estrategia jurídica basada únicamente en la edad o presuntas condiciones de salud mental del señalado para reducir su responsabilidad, al señalar que tales circunstancias deben acreditarse mediante peritajes oficiales, imparciales y técnicamente sustentados.
“Sostenemos este posicionamiento bajo cuatro argumentos jurídicos y sociales fundamentales:
1. Inobservancia del riesgo social y de la peligrosidad del agresor.
2. Pluralidad de delitos y concurso real de conductas.
3. Rechazo a estrategias que puedan favorecer la impunidad.
4. Mensaje de impunidad y desincentivación de la denuncia”, escribieron en el posicionamiento.
Advirtieron además que este tipo de resoluciones desalientan la denuncia ciudadana y generan desconfianza en las instituciones encargadas de procurar justicia.
Por ello, exigieron a la Fiscalía sustentar sus determinaciones en investigaciones científicas rigurosas; al Poder Judicial, valorar la gravedad de los hechos y la protección de la comunidad; y al Poder Legislativo, fortalecer el marco legal de protección animal mediante el análisis de la denominada Ley Hope.
Con anterioridad la Fiscal general del estado, respecto a los casos de maltrato animal en San Luis Potosí, indicó que durante el año pasado varias personas fueron judicializadas por este tipo de conductas; sin embargo, explicó que los procedimientos concluyeron mediante mecanismos alternativos de solución, sin llegar a la prisión y afirmó que reciben denuncias e inician carpetas de investigación tanto por querellas formales como por hechos que se conocen de oficio.