El Poder Judicial de San Luis Potosí reportó más de 25 mil audiencias penales y más de 25 mil resoluciones familiares, aunque la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez reconoció que aún existen áreas de oportunidad en personal, capacitación y digitalización.
Más de 25 mil audiencias en materia penal y más de 25 mil resoluciones dictadas en materia familiar forman parte del balance presentado por el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí durante este periodo, aunque las cifras de productividad no significan que los problemas y retos de la institución estén resueltos.
La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Poder Judicial todavía enfrenta áreas de oportunidad relacionadas con la disponibilidad de personal especializado, la capacitación permanente y la digitalización de los procedimientos.
“Estamos hablando de más de 25 mil audiencias en materia penal, estamos hablando de más de 25 mil resoluciones dictadas en materia familiar. O sea, traemos números altos”, afirmó.
Las cifras forman parte del balance de trabajo realizado luego de los cambios en las titularidades del Poder Judicial y de la carga de asuntos pendientes que, de acuerdo con la magistrada, ya existía cuando inició esta nueva etapa.
“Recordemos que llegamos, cambiamos de titulares, ya traíamos una cantidad de rezago”, señaló.
Zarazúa Martínez consideró que, por ello, sería incorrecto atribuir el rezago judicial únicamente a una falta de autonomía financiera, como se ha planteado en la discusión sobre la posibilidad de otorgar autonomía presupuestaria al Poder Judicial.
Respecto a la propuesta impulsada nuevamente por el abogado José Mario de la Garza, sostuvo que corresponde al Congreso del Estado analizar su viabilidad desde los ámbitos jurídico, legislativo y presupuestario.
“Definitivamente es un tema parlamentario, es un tema legislativo”, expresó.
Sin embargo, la magistrada enfatizó que, independientemente de esa discusión, existen necesidades concretas que deben atenderse dentro de la estructura judicial.
Una de ellas es contar con reservas suficientes de personal en puestos fundamentales para el funcionamiento de los juzgados y demás órganos jurisdiccionales.
“Sobre todo poder terminar con estas partes de que tengamos reserva en secretarios de acuerdos, proyectistas, actuarios y subsecretarios”, indicó.
Otra de las áreas de oportunidad es avanzar en la modernización tecnológica del Poder Judicial y en la digitalización de sus procedimientos.
“Creo que otra parte también importante es la digitalización, eso nos va a ayudar mucho, la parte de la firma electrónica”, afirmó.
La capacitación también permanece como una tarea constante. Para la magistrada presidenta, la formación no debe concentrarse únicamente en quienes toman decisiones jurisdiccionales, sino alcanzar a todas las áreas de la institución.
“Debe haber capacitación desde el capturista hasta el titular”, sostuvo.
En este contexto, destacó los avances que se han impulsado en distintos ámbitos, entre ellos la atención relacionada con las lenguas maternas y el trabajo en materia de perspectiva de género a través de la Comisión de Igualdad Sustantiva.
“Estamos trabajando mucho, la verdad es que la Comisión de Igualdad Sustantiva trabaja mucho”, señaló.
Para Zarazúa Martínez, el actual balance del Poder Judicial muestra una institución con resultados cuantificables en materia jurisdiccional, pero también con retos que permanecen abiertos.
“Estamos en marcha, no termina aquí, falta mucho por trabajo”, resumió.
Las más de 50 mil actuaciones reportadas entre audiencias penales y resoluciones familiares representan así una parte de los avances alcanzados, mientras el fortalecimiento del personal, la capacitación, la digitalización y la ampliación de las capacidades para garantizar el acceso a la justicia continúan como parte del trabajo pendiente.