Abogadas y defensoras de derechos de la infancia advirtieron que los procesos familiares pueden prolongarse meses o años, mientras niñas, niños y adolescentes esperan convivencias, alimentos y decisiones que afectan directamente sus vidas.
Las niñas, niños y adolescentes no pueden quedar al margen de las decisiones judiciales que determinan sus convivencias, cuidados y vínculos familiares, advirtió Red Libres, integrada por colectivas, organizaciones y defensoras de derechos de la infancia, durante una conferencia de prensa realizada este viernes en San Luis Potosí.
Claudia Cuéllar, abogada y defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes, señaló que uno de los principales problemas es que los procedimientos suelen analizarse desde la perspectiva de los adultos, sin considerar qué piensan, sienten y necesitan las infancias involucradas.
“Las niñas, los niños y los adolescentes no pueden esperar los tiempos de la justicia. No son expedientes, no son pruebas, no son instrumentos de los conflictos de adultos. Son personas, tienen voz, tienen derechos y también tienen tiempos”, sostuvo.
Cuéllar llamó a que en los procedimientos se garantice realmente el interés superior de la niñez y que niñas, niños y adolescentes sean escuchados con el acompañamiento adecuado, particularmente de profesionales de la psicología con perspectiva de infancia.
También cuestionó que algunos procedimientos puedan prolongarse durante años. Señaló que han identificado procesos que duran más de cinco años, mientras que en otros casos los acuerdos se dictan con mucha mayor rapidez.
“Los procesos jurídicos son muy inconsistentes. Tenemos procesos que pueden durar hasta más de 5 años”, afirmó, y agregó que existen juzgados donde un acuerdo puede tardar más de un mes, mientras que en otros casos se dicta y notifica el mismo día.
Para la defensora, estas diferencias deben ser revisadas porque el paso del tiempo tiene consecuencias distintas para una persona adulta que para una niña o un niño, particularmente cuando se encuentran en juego sus vínculos familiares, su desarrollo y su derecho a vivir sin violencia.
Alejandra Rivera: “Los únicos que se están viendo afectados son los niños”
Por su parte, la abogada Alejandra Rivera puso el foco en el rezago que enfrentan los juzgados familiares y en cómo éste repercute directamente en niñas, niños y adolescentes.
Explicó que existen casos en los que las familias esperan entre tres y cuatro meses para que se regularice una convivencia o para que se resuelvan cuestiones relacionadas con alimentos.
“Estamos hablando de que son niños, niñas y adolescentes que tienen que esperar hasta 3, 4 meses para que se pueda regularizar una convivencia en Secofam, que puedan obtener alimentos, que también es una cuestión bastante importante”, señaló.
Ante la tardanza de los juzgados familiares, Rivera explicó que las representaciones legales han tenido que recurrir a la justicia federal para obtener suspensiones de plano que permitan atender de manera inmediata situaciones que involucran a niñas y niños.
Sin embargo, consideró que ésta no debería ser la vía ordinaria para conseguir que los asuntos familiares avancen.
“Sin embargo, no tendríamos que utilizarlo. No es un golpeteo, esto no es un golpeteo al tribunal; es simplemente que también se nos apoye o se les apoye con personal a los juzgados familiares”, dijo.
La abogada sostuvo que el problema ya no puede reducirse a un retraso aislado, sino que existe un rezago acumulado que impide que los asuntos sean atendidos con la rapidez que requieren.
“Están ya con un rezago del rezago del rezago y esto no termina”, expresó.
Rivera afirmó que la falta de personal y la cantidad de asuntos que deben resolver los juzgados terminan afectando principalmente a las personas menores de edad, pero también a madres y padres que no pueden ejercer oportunamente sus derechos de convivencia.
“Los únicos que se están viendo afectados son los niños, las niñas y los adolescentes, así como los padres que no pueden tener ese acceso a esas visitas o el hecho de tener ese tiempo fuera de los juzgados y de que los niños no tengan que tener esta vida judicializada”, sostuvo.
Como ejemplo, relató que tiene un acuerdo relacionado con alimentos pendiente desde abril, pese a que ha acudido reiteradamente ante el juzgado para conocer cuándo será emitido.
Ante este escenario, hizo un llamado directo al Poder Judicial para fortalecer los juzgados familiares y planteó incluso la posibilidad de crear otro órgano especializado.
“Solo les pedimos al tribunal que apoye a los juzgados familiares o que piensen en incluso abrir otro juzgado familiar para que, por favor, este rezago ya termine”, afirmó.
Sarahy Cervantes: litigios con perspectiva de infancia
En la conferencia también participó la abogada Sarahy Cervantes, defensora de diversos casos relacionados con violencia vicaria en San Luis Potosí, quien llamó a quienes intervienen en los procesos familiares a actuar con responsabilidad y evitar que las herramientas jurídicas sean utilizadas para prolongar conflictos entre personas adultas.
Las integrantes de Red Libres insistieron en que no se trata de determinar públicamente quién debe ganar una disputa familiar ni de asumir que una madre o un padre tiene automáticamente derecho a convivir con sus hijos. Cuando existe un posible riesgo para una niña, niño o adolescente, señalaron, las autoridades deben investigar, valorar las circunstancias y establecer las medidas de protección correspondientes.
Pero, al mismo tiempo, cualquier restricción o demora debe analizarse desde la pregunta fundamental: qué necesita la niña, el niño o el adolescente y qué medida protege realmente sus derechos.
Las defensoras pidieron al Poder Judicial y a las demás instituciones involucradas en estos procedimientos que eviten demoras innecesarias, fortalezcan los juzgados familiares y garanticen que las decisiones incorporen de manera efectiva la perspectiva de infancia.
“Las niñas, niños y adolescentes no pueden esperar los tiempos de la justicia”, reiteraron.