Anunció que solicitará una auditoría especial a las contrataciones del Ayuntamiento capitalino y presentará denuncias ante autoridades electorales, advirtiendo que, si se acredita el uso indebido de recursos públicos para beneficiar a un dirigente partidista, promoverá un procedimiento de juicio político contra los responsables.
El diputado local Fernando Gámez Macías anunció que buscará que se investiguen las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí a favor de Carlos Enrique Daúd Uresti, dirigente en funciones del Partido Acción Nacional (PAN), y advirtió que, si se comprueba el uso irregular de recursos públicos, promoverá un procedimiento de juicio político contra el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
En rueda de prensa, el legislador señaló que en los próximos días solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) una auditoría especial a las contrataciones y al manejo de recursos humanos del gobierno municipal, con el propósito de revisar la justificación de los pagos, la prestación efectiva de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Gámez Macías dijo que el Ayuntamiento debe transparentar qué servicios contrató, quién autorizó los pagos y cuáles son los resultados entregados a cambio de los recursos públicos: “Si existe un contrato legítimo y los servicios se prestan, que se presenten los documentos, los informes y los entregables correspondientes”, expresó.
El diputado advirtió que, en caso de que las investigaciones detecten pagos por servicios inexistentes, simulación de actividades o utilización del presupuesto para fines distintos a los autorizados, acudirá también ante las autoridades electorales y penales para que se determinen las posibles responsabilidades, mencionado al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales.
El legislador argumentó que el artículo 134 de la Constitución federal establece la obligación de aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
En ese sentido, señaló que el financiamiento indirecto de dirigentes partidistas con recursos municipales, en caso de comprobarse, podría representar irregularidades administrativas y electorales, sin presentarse aun pruebas concluyentes de que los servicios contratados sean inexistentes o de que el presupuesto municipal se haya utilizado con fines partidistas.